Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (“INA” por sus siglas en ingles), un inmigrante es inadmisible como carga pública (INA §212 (a) (4)) a menos que él / ella sea patrocinado(a) financieramente bajo un contrato de sostenimiento según INA §213A. Al firmar el contrato de sostenimiento – un contrato formal, el patrocinador queda de acuerdo en sostener al inmigrante patrocinado con un ingreso anual de no menos del 125% de las pautas federales de pobreza (no menos del 100% para los miembros activos del servicio militar que patrocinan a un cónyuge o niño).

El contrato de sostenimiento se puede ser forzado contra el patrocinador no sólo por el inmigrante patrocinado con respecto a apoyo financiero (como cuando un inmigrante está viviendo bajo las pautas de pobreza del 125%), sino también por el gobierno federal, cualquier estado o cualquier entidad que proporcione cualquier beneficio público basado en recursos, con respecto a un reembolso  por los servicios públicos prestados. Al firmar el contrato de sostenimiento, el patrocinador se somete a la jurisdicción personal de cualquier tribunal de los Estados Unidos o de cualquier estado, territorio o posesión de los Estados Unidos si el tribunal tiene la jurisdicción o autorización para escuchar una demanda civil para hacer cumplir el Formulario I-864.[1]

Los tribunales federales han encontrado sistemáticamente que el Formulario I-864 es un contrato legalmente ejecutable entre el patrocinador y el inmigrante patrocinado.[2]

Las obligaciones bajo el contrato de sostenimiento terminan solamente cuando el inmigrante patrocinado (1) llega a ser ciudadano de los EEUU, (2) ha trabajado, o puede recibir crédito por, 40 cuartos de cobertura bajo la Ley del Seguro Social, (3) ya no es residente permanente y ha salido de los Estados Unidos, (4) está sujeto a remoción, pero solicita y obtiene, en un procedimiento de remoción, una nueva concesión de ajuste de estatus (residencia permanente) con un nuevo contrato de sostenimiento, o (5) fallece.

Debido a que las obligaciones financieras bajo el contrato de sostenimiento terminan sólo cuando ocurre una de las cinco circunstancias anteriores, el divorcio no invalidará el contrato creado por el contrato de sostenimiento. De hecho, las instrucciones que acompañan el contrato de sostenimiento en el Formulario de Apoyo I-864 estipulan que “[el] divorcio no termina la obligación” de un patrocinador de apoyar al inmigrante patrocinado. (Formulario I-864, página 8).

No obstante lo anterior, los tribunales han reconocido defensas bajo la ley de contratos como la compensación (es decir, el recibo de manutención de cónyuge o de hijo), la mitigación de los daños (es decir, si el inmigrante patrocinado ha hecho esfuerzos razonables para encontrar un empleo), fraude, entre otros.[3]

¿Qué sucede en el caso de una anulación cuando el matrimonio es nulo desde el principio o cuando se considera como si un “matrimonio válido nunca hubiese existido”?[4] Ningun tribunal ha considerado esta pregunta, pero el fraude al inicio del matrimonio (una base para la anulación) sin duda proporcionaría una defensa fuerte.

[1] Shumye v. Felleke, 555 F. Supp. 2d 1020, 1023-24 (N.D. Cal. 2008).

[2] See e.g., Younis v. Farooqi, 597 F.Supp.2d 552 at 554 (D.Md.2009); Shumye v. Felleke, 555 F.Supp.2d 1020, 1023 (N.D.Cal.2008).

[3] Id.

[4] Pearsall v. Folsom (1956) 138 F.Supp. 939, 1941).

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About Marie Wood

Marie is licensed to practice law in the State of California and throughout the United States in federal immigration matters. She is admitted to all California state courts, the Central, Eastern, Northern, and Southern District Courts, and Immigration Courts. Marie joined Reid & Hellyer in 2016 and practices immigration law and transactional law. She has also represented individuals and lending institutions in civil litigation matters from inception of the case to post-judgment matters, and in exercising creditor rights in bankruptcy court. Marie immigrated to this country at a young age, and is fluent in Spanish. As an immigrant, she has personal knowledge of the emotional and financial struggles faced by individuals and families during the immigration process. This personal experience is what encouraged her to become an immigration attorney. Throughout the years she has volunteered countless hours at legal clinics and other events in which she has offered pro bono legal services in both immigration and civil matters. She is also a professor and teaches legal and business courses at Palomar Community College and is a guest speaker at California State University, San Marcos. Marie is the 2016 vice-president and 2017 president-elect of the Southwest Riverside County Bar Association. She is also a member of the American Immigration Lawyers Association (AILA), the AILA San Diego Chapter, the Riverside and North County Bar Associations, and the Fiorenzo V. Lopardo Chapter of the American Inns of Court. Marie received her Juris Doctor degree from Thomas Jefferson School of Law in 2009, where she graduated magna cum laude. While attending law school, she was a Notes Editor of the Thomas Jefferson Law Review, and a member of Phi Alpha Delta, the country’s oldest legal fraternity.

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